martes, 6 de mayo de 2014

Patriotismo y negocios, mezcla peligrosa para los nicaragüenses

El Gobierno de Nicaragua plantea establecer un impuesto patriótico del 35% sobre el valor de los productos de origen costarricense. Los empresarios locales se oponen a la medida y aseguran que de hacerlo los más afectados no serán los costarricenses, sino por el contrario, los compradores nicaragüenses. http://goo.gl/C3yIkz

   
Por: Clara Villatoro
Corresponsal de Legiscomex.com
Centroamérica 
 
El patriotismo y los negocios pueden acabar en un resultado poco agradable. Así lo confirman los empresarios nicaragüenses a quienes un problema limítrofe con Costa Rica podría pasarles factura nuevamente. El Gobierno nicaragüense ha propuesto establecer el llamado “impuesto patriótico” del 35% a los productos costarricenses, tal como lo ha hecho con los productos colombianos desde hace 14 años. La idea ha sido rechazada por los empresarios quienes alegan que en estos casos la política no se debe mezclar con los negocios.

“Como nicaragüenses no estamos de acuerdo con el actuar del gobierno costarricense (en esta disputa limítrofe), pero hay que poner cada cosa en su lugar... Los aspectos políticos de este problema no se deben mezclar con los aspectos comerciales”, aseguró a Legiscomex.com, Eduardo Fonseca, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN).

La negativa ante el posible nuevo arancel también ha sido expresada por otras gremiales de empresarios. La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) y la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) declararon un “no” rotundo a la medida en declaraciones a la prensa nicaragüense. “Nos volveríamos un país mucho más caro”, resumió Sylvia de Levy, presidenta de Canatur.

Lo cierto es que por la cercanía y otros factores económicos, Nicaragua compra un poco de todo a Costa Rica. Desde aceites, embutidos, granos básicos, harinas y frutas, hasta cemento y pesticidas. “Si el impuesto se establece, más que los mismos empresarios, los afectados van a ser los nicaragüenses en general, las capas medias y bajas del país, porque todos los precios van a subir”, manifestó Fonseca.

Los empresarios aseguran que aunque defienden su país y quieren un resultado limítrofe favorable para Nicaragua, no pueden llevar su patriotismo al plano de los negocios. “No vemos qué ayuda pueda brindar este tipo de medidas al litigio que se lleva ante instancias internacionales. Por el contrario, lo que puede crear es cierta tensión”, dijo el representante de CCSN.

La propuesta del Gobierno nicaragüense es que a través del impuesto se logre un fondo que solvente los gastos que implica mantener el litigio internacional. Sin embargo, Fonseca argumenta que la experiencia de un cobro similar a los productos de origen colombiano, solo ha demostrado que la recolección de dicho impuesto es mínima, dado que limita las importaciones.
La experiencia con Colombia
En diciembre de 1999, antes de imponer una demanda formal contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por la controversia de delimitación marítima, la administración del entonces presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, creó la Ley N° 325 en la que se creaba un impuesto del 35% sobre cualquier bien o servicio originario de Colombia y Honduras. La idea era que los litigios internacionales que Nicaragua enfrentaba con esos países fueran financiados con lo recolectado del arancel.

La ley fue modificada en el 2003 a favor de Honduras liberando del impuesto a los productos de dicho país desde esa fecha. A los productos colombianos, sin embargo, al día de hoy todavía se le aplica dicho impuesto.

“La recaudación del impuesto a los productos colombianos ha sido básicamente nula. Es decir, que no han logrado el objetivo por el que se creó, que era tener dinero para los costos del litigio dado que no somos un país millonario. Por el contrario, Nicaragua se ha visto poco competitivo en relación a otros países de la región al tener que pagar más por ciertas materias primas”, explicó Fonseca.

Datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), dan cuenta que en los últimos cinco años las importaciones provenientes de Colombia no han superado los USD18 millones. Las exportaciones de Nicaragua hacia Colombia tampoco han sido muy buenas. En el 2013, las cifras apenas llegaron a los USD9,9 millones, según el informe del BCN.

En junio del 2013, diferentes gremiales de la empresa privada se unieron para solicitar al gobierno la derogación del arancel a los productos y servicios colombianos. “Ese impuesto debe ser, ahora, anulado para fomentar las relaciones comerciales con Colombia, puesto que solamente afecta a importadores nicaragüenses”, afirmó ante la prensa local en ese momento José Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Fonseca asegura que la petición sigue vigente, pero el diálogo con el gobierno lleva su propio ritmo. Pese al impuesto válido por más de una década, la Cámara de Comercio reconoció que empresarios colombianos han mostrado su interés en la región centroamericana y han tomado en cuenta a Nicaragua.

“Por suerte, pese a este impuesto tenemos inversiones importantes de Colombia en el país. A la región y al país nos conviene cualquier inversión extranjera directa de un país latinoamericano, independientemente de cualquier malentendido que pueda haber entre los países. Nosotros no tenemos ningún problema con la gente de Colombia o Costa Rica, somos países hermanos”, expresó el representante de la CCSN.

Bancolombia, Grupo Aval y Davivienda son solo algunas de las financieras que han ido comprando bancos en la región, incluyendo algunos en Nicaragua. Consorcios comerciales de Colombia también están invirtiendo en el sector minero nicaragüense. El problema para los empresarios sigue en los altos precios que tienen que pagar por materias primas procedentes de Colombia, situación que los pone en desventaja en comparación con el resto de países de la región. 

Fonseca asegura que la Cámara incluso ha registrado quejas de la aplicación del impuesto a productos que no entran en la ley como los medicamentos o fertilizantes. “No entran en la ley pero a veces en la aduana ven que el país de origen es Colombia y lo quieren cobrar”, afirmó.
Impuesto patriótico a Costa Rica violaría acuerdos centroamericanos
La gran diferencia entre el caso de Colombia y Costa Rica es que este último es parte de su región comercial, Centroamérica en muchos aspectos trabaja como bloque. De hecho, el argumento más firme que los empresarios nicaragüenses presentan en contra del impuesto a Costa Rica es que la legislación centroamericana prohíbe cualquier cargo arancelario fuera de lo pactado por la región en sus tratados de integración económica. “Por el Sistema de Integración Centroamericana se nos sancionaría. ¿Para qué buscar eso? Ese impuesto no trae ningún beneficio”, manifestó Fonseca.

Lo cierto es que en 1999, el entonces presidente de Nicaragua aplicó el impuesto a Honduras pese a esta posibilidad. Honduras interpuso su denuncia ante la Corte Centroamericana de Justicia que finalmente resolvió que la medida arancelaria violaba la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, al igual que los objetivos de integración del Sistema Centroamericano. De ahí que en el 2003 finalmente se suspendiera el cobro a los productos y servicios de Honduras (no así a los de Colombia).

El intercambio comercial de Nicaragua con los países vecinos es mucho mayor que el intercambio con Colombia e implica el abastecimiento de productos de la canasta básica nicaragüense. Según datos del BCN, en el 2013, Nicaragua importó un total de USD477.4 millones en productos costarricenses. La cifra representa un 36,03% del total de importaciones desde países centroamericanos a Nicaragua. Costa Rica es –por mucho- el mayor socio comercial de Nicaragua en la región.

De ahí que el representante de la Cámara de Comercio insista: “El problema limítrofe tiene que resolverse vía diplomática y ante las instancias internacionales correspondientes. Los negocios entre los países tienen que quedar al margen (...) Ese impuesto simplemente no debe existir.”

Costa Rica recién eligió un nuevo gobierno. La manera en que la nueva administración costarricense dialogue con Nicaragua podría dejar la medida arancelaria en el olvido o –por el contrario- impulsarla. Los empresarios nicaragüenses, sin embargo, esperan seguir alerta y en un dialogo abierto para evitar las complicaciones comerciales que este impuesto mezclado con patriotismo pueda traer a sus negocios.
   

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