Ofensiva económica de Maduro deja más dudas que certezas

La denominada “ofensiva económica” anunciada por el presidente Venezolano Nicolás Maduro es observada con escepticismo por el sector privado del país, que espera más acciones concretas por parte del Gobierno para superar el creciente desabasto y recuperar la producción nacional. http://goo.gl/IaRgMC

Por: Emiliano Corona Especial para Legiscomex.com Caracas  Como casi todo en Venezuela, el acto oficial en el cual el presidente Nicolás Maduro lanzó una “nueva ofensiva económica” destinada a salvar la maltrecha economía nacional, resultó una combinación de propaganda política y mensajes conciliatorios al sector privado. No faltaron también, desde luego, las amenazas, y dijo que todos los empresarios que violen la Ley de Precios Justos –que limita en un 30% las ganancias de cualquier negocio establecido— irán a la cárcel. El tono belicista de la “ofensiva”, que el mandatario enarboló como la segunda fase de una estrategia similar lanzada en diciembre pasado, fue matizado a ratos. Con énfasis, Maduro aseguró estar dispuesto a entenderse con los empresarios e incluso a proporcionarles financiamiento para incrementar la producción. El presidente designó al general Hebert García Plaza como titular del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, una institución nueva que se encargará de aplicar los lineamientos fijados por el Ejecutivo para combatir la severa crisis económica que vive Venezuela, donde la inflación durante los tres primeros meses del año se ubicó en un 9,8%, el índice de escasez de productos se ubicó en un 26,9% y los signos de recesión comienzan a aparecer en varios frentes, lo que lleva a los analistas a anticipar una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre el 1,0% y el 2,5% este año.  La “nueva ofensiva económica” tiene como propósito reactivar la producción, acabar con el desabastecimiento y controlar los precios, para lo cual el órgano Contralor de la Economía actuará como una policía que vigilará que los lineamientos del sucesor de Hugo Chávez se cumplan a cabalidad. En contrapartida, Maduro ofreció a los empresarios que se dieron cita en el Palacio de Miraflores parta atestiguar el lanzamiento de la “ofensiva” que reconocerá y liquidará a la brevedad el 30% de lo que les adeuda el Estado por divisas retenidas luego de que estas habían sido pagadas en el mercado oficial. El presidente ofreció a los representantes de las empresas "diálogo permanente, trabajo integrador y acción para la resolución de los problemas". "A veces yo veo el mapa de temas que ustedes proponen y de verdad en la mayoría de ellos, digo el 95 %, de verdad no hay justificación para problemas que se nos han acumulado, y tenemos que asumirlo autocríticamente frente al país", indicó. Luego del anuncio de Maduro, el general García Plaza, promovido a ese rango por Chávez, informó que desplegaría por todo el país 1.869 equipos para fiscalizar en un plazo de tres mes que todas las empresas comercializadoras, distribuidoras y depósitos de cualquier tipo de producto cumplan con la Ley de Precios Justos. Incertidumbre El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Eduardo Garmendia, expresó en declaraciones a Legiscomex.com sus reservas con las medidas contempladas en la“segunda ofensiva económica”“hasta ahora son propósitos que se tienen que concretar y eso es lo que debemos esperar, que se concreten y sirvan para reactivar el aparato productivo y abastecer a la población, que no encuentra muchos productos básicos (desde azúcar hasta medicamentos) en el mercado”. El dirigente empresarial pidió al gobierno claridad sobre la manera en que liquidará el 30% de la deuda en divisas con el sector privado: a qué tasa de cambio (existe desde la preferente a 6,30 bolívares por dólar, hasta la del llamado Sicad II, que rebasa los 50,00 bolívares por dólar), y mediante qué mecanismos, además de qué pasará con 70% restante del adeudo. De acuerdo con Garmendia, es necesario mantener un canal de comunicación entre empresarios y el gobierno y tratar de que las medidas anunciadas vayan encaminadas al propósito fundamental de recuperar niveles de producción que permitan reabastecer al mercadeo. Dijo que falta discutir asuntos como el suministro de materia prima e insumos para mantener funcionando las líneas de producción funcionando, así como la flexibilización del mercado laboral porque la Ley del Trabajo genera un gran ausentismo que afecta la productividad. Para el economista Luis Oliveros recuperar la producción en el país, tras años de desincentivos a la empresa privada será una tarea “extremadamente ardua porque, además, yo veo que persiste un lenguaje de descalificación y de amenazas a los empresarios, a los que se les pretende culpar de la inflación y el desabasto, lo cual es absurdo”. , señaló. Oliveros recordó que los organismos multilaterales proyectan que Venezuela tendrá un año recesivo, con altos niveles de desempleo (más de un 10%), una inflación desbordada y escasez prolongada de bienes básicos. Además, la deplorable situación económica ha llevado a Venezuela a tener el mayor riesgo país de la región, incluso por arriba de Argentina, con 1.200 puntos al mes de marzo, lo que significa que debe ofrecerse una tasa de interés 12,00 puntos porcentuales por encima de la tasa del bono del Tesoro de EE UU, que se considera libre de riesgo. Eso encarece de manera importante el crédito del sector público. Desincentivos El presidente del organismo cúpula empresarial Fedecámaras, Jorge Roig, consideró que lo más positivo es que se ha producido un acercamiento entre el sector privado y el Gobierno para dialogar acerca de los grandes problemas económicos del país y buscar soluciones, aunque se manifestó en contra del término “ofensiva económica” y dijo que sería más correcto emplear “incentivo económico”. “Lo importante es que mantenemos un diálogo con el Gobierno desde hace dos meses y que estamos trabajando en una mesa técnica en el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo). Hemos tenido algunos logros, como un sistema alternativo de divisas para las empresas (el Sicad II, un sistema de subasta de dólares en el que pueden participar los particulares) y aunque este se encuentre en una fase incipiente puede aliviar la situación de escasez de divisas”, afirmó Roig. El dirigente empresarial consideró que lo que se mantiene como un obstáculo que desincentiva la actividad privada y el emprendimiento es la Ley de Precios Justos, por lo cual Fedecámaras decidió presentar una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia a fin de que ese ordenamiento sea derogado pues afecta al consumidor.  De acuerdo con Roig, más que obstáculos el gobierno debe transitar hacia una política económica en la que desmonte la serie de controles que ahogan a la empresa privada y, como ejemplo de lo que ocurre en Venezuela, mencionó que hoy en el país hay 4.300 empresas menos que las que había hace diez años. “Es por ello que el incentivo se ha vuelto un reto en el país”, sostuvo el dirigente gremial. La zanahoria y el garrote Mientras el Gobierno convoca a los gremios empresariales al Palacio de Miraflores para dialogar sobre la “ofensiva económica” para reactivar la producción, el general García Plaza, titular del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, acusa a los empresarios de incurrir en "un proceso de boicot"para limitar el abastecimiento de productos básicos como el café. La idea, dijo, "es provocar un clima de intranquilidad y ansiedad que moleste al pueblo y desemboque en alteraciones de orden público" porque "hay una guerra económica para sabotear todo el proceso económico y que se produzca una desestabilización". "El presidente ha ordenado el despliegue de esta ofensiva económica para hacer un barrido de todo el territorio nacional para conseguir el ilícito donde se encuentre para no permitir que empresarios no deseados perturben la cadena logística", añadió el militar. La Superintendencia de Defensa de los Derechos Socio-Económicos (Sundde), por su parte, comenzó un arduo proceso para fijar los precios “justos" de todo tipo de productos y publicó en su página web los precios que deben regir para 8.010 artículos como ropa, calzado y accesorios.  En cada uno de los casos, la Sundde fijó el precio máximo de venta al público para cada producto. El precio de un par de zapatos de marca Everlast, por ejemplo, fue fijado en entre 1.087 y 3.223 bolívares (entre USD21 y USD64 al tipo de cambio Sicad II, que es la más alta de las bandas controladas). Nadie sabe qué criterios utilizó la Sundde para la fijación de esas listas de precios ni qué tasa de cambio tomó en cuenta la institución. Además de la Sicad II, existen la paridad preferente, de 6,30 bolívares por dólar y la Sicad, de 11,30 bolívares por dólar. Muchos comercios han optado por reducir los horarios de atención al público y algunos cerraron de forma indefinida. “Nos están fijando los precios de venta por decreto, sin tomar en cuenta qué tipo de cambio estamos usando para importar la mercancía, lo que significa desconocer totalmente las leyes del mercado. Lo que necesitamos es más claridad, más certidumbre y criterios realistas para fijar los precios. De lo contrario, miles de empresas irán a quiebra, como ya ha venido pasando”, dijo un empresario importador que pidió omitir su nombre. Mientras la economía sigue su marcha descendente, las calles del este de Caracas y de otras ciudades del país siguen siendo escenario de masivas manifestaciones estudiantiles que han orillado al gobierno a convocar a un diálogo nacional en presencia del nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, y de una misión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).