Salida a la crisis requiere viraje económico

La creciente tensión social por la ola de protestas y el desabasto de productos de primera necesidad en Venezuela plantea al gobierno del presidente Nicolás Maduro una crisis política cuya solución pasa por un cambio de fondo en el rumbo económico que ha seguido el país en los últimos años. http://goo.gl/O6iKCL

Por: Emiliano Corona Especial para Legiscomex.com Caracas    Un indicador del persistente deterioro económico que registra Venezuela en medio de la ola de protestas que remece al país fue divulgado hace unos días por la Cámara Automotriz, que reportó una caída del 88,7% en la venta de autos cero kilómetros durante los dos primeros meses de este año, respecto al mismo periodo del 2013.  Solo 1.539 coches nuevos se comercializaron entre enero y febrero pasados, 12.061 menos que en ese bimestre del año pasado, una cantidad irrisoria para un país de 30 millones de habitantes con una industria petrolera que exporta, según cifras oficiales, USD7.000 millones cada mes. “Lo que pasa con los automóviles ocurre con todo lo demás. Con los alimentos, con las medicinas, con cualquier tipo de mercancías. Sencillamente no hay existencias porque no hay dólares para importar los productos o los insumos y materias primas para producirlos aquí. Este desabasto se está complicando con las protestas y la crisis que estamos viviendo”, dijo a Lesgiscomex.com el economista Alexander Guerrero.  Para el doctor en Economía por la Universidad de Londres, en estos momentos “la economía y la política están unidas en Venezuela y gran parte de lo que ocurre en las calles requiere una solución económica, un viraje de la política económica: la gente está protestando, entre otras cosas, por el gran desabasto y la inflación, que ha hecho añicos el salario real. Esto altera los ánimos de la sociedad”. “Lo que tenemos es un movimiento político y social alentado por el deterioro económico que hemos sufrido desde el 2012, cuando tuvimos un gasto público desbordado (USD100.000 millones) y un déficit fiscal del 18% del PIB, muy similar al que tuvimos el año pasado”, aseguró, y dijo que la brecha fiscal es “insostenible” porque ha sido financiada con emisión de dinero por parte del Banco Central de Venezuela (BCV). La crisis económica, que según cifras oficiales limitó el crecimiento económico de Venezuela a 1,2% en el 2013, con una inflación del 56,2% durante el año, se ha profundizado con la creciente tensión social y política que registra el país desde el pasado 12 de febrero, cuando tres personas murieron por disparos de arma de fuego en el marco de una masiva marcha contra el Gobierno en Caracas y las principales ciudades del interior.  De acuerdo con Guerrero, este año la economía registrará una contracción de al menos 1,0%, aunque podría ser mayor si en los próximos meses no se alivia el problema de desabasto y alta inflación (en enero pasado este indicador avanzó 3,3%, según el BCV). Problema político El economista José Guerra está convencido de que lo que está en crisis en Venezuela es el modelo económico, el cual “ya no da más”, lo que se expresa en elevada escasez, alta inflación, desplome de las reservas internacionales (cayeron 27,9% en los últimos 14 meses) y estancamiento de la producción a pesar de que los precios del petróleo –cuyas exportaciones representan el 96% del total- se han mantenido en torno a los USD100 por barril en los últimos años, casi siete veces más de la cotización de 1999, año en el que el fallecido presidente Hugo Chávez llegó al poder. Para el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la crisis económica, “a final de cuentas, es un problema político” y su solución requiere replantear tres asuntos básicos: corregir el déficit fiscal mediante un programa que logre equilibrar los egresos y los ingresos del Gobierno; sanear la gigante estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), principal fuente de recursos del Estado, y unificar de manera gradual el tipo de cambio. El control de cambios vigente en el país desde el 2003 hace que existan dos tasas oficiales: la de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), de 6,30 bolívares por dólar, y la del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), que fluctúa entre 11,00 y 11,50 bolívares por dólar. Sin embargo, ante la imposibilidad de que estos dos mecanismos abastezcan a la economía de los dólares que necesita para operar, se creó un gigantesco mercado negro donde la cotización de la moneda estadounidense rebasa los 70 bolívares. De acuerdo con Guerra, con una inflación tan elevada –que obedece a la baja producción nacional y a la emisión indiscriminada de circulante— y con un tipo de cambio oficial, los productos venezolanos no pueden competir con los importados, el país pierde reservas internacionales de manera acelerada y el gobierno, quiéralo o no, se ve obligado a devaluar la moneda. En enero pasado, el gobierno de Venezuela anunció un “nuevo sistema cambiario de bandas” que en la práctica trasladó gran parte de las tareas de abastecimiento de dólares que realiza la Cadivi al Sicad, lo que en los hechos significó una devaluación disfrazada de 80,3% por el diferencial cambiario entre ambos sistemas. Ahora el gobierno implementó un nuevo mecanismo de transacción de divisas denominado Sicad II que elevó de nuevo la cotización del dólar y el cual apunta hacia la liberación parcial del mercado de divisas, aunque los economistas consideran que debe evaluarse su operatividad en los días siguientes para emitir un juicio sobre su utilidad en el contexto de la severa crisis económica que vive el país. “El problema es que mientras exista una brecha cambiaria tan grande entre los diferentes tipos de cambio, el mejor negocio en Venezuela será comprar dólares oficiales y trasladarlos al mercado paralelo”, señaló Guerra. Estos diferenciales cambiarios son además una fuente de corrupción de gran calado. El ministro de Planificación, Jorge Giordani, ha denunciado que empresas “de maletín” recibieron entre el 2012 y el 2013 más de USD25.000 millones en divisas a tasas preferenciales que acabaron en el mercado negro. En el fraude habrían participado funcionarios públicos y empresarios del sector privado. El vicepresidente venezolano Jorge Arreaza anunció que el Gobierno divulgará la lista de empresas “fantasmas” implicadas. El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), Jorge Roig, dijo que los empresarios “tenemos que hacer un reconocimiento expreso de un código de ética” ya que el modelo económico “incentiva vicios como el contrabando, la especulación, la sobrefacturación y, lejos de justificarlo, los empresarios verdaderos debemos rechazar y condenar estas actitudes”. El líder del organismo cúpula empresarial venezolano sostuvo que las condiciones del país “son dramáticas: hay una crisis social, política y económica, y esa conjunción es un cóctel verdaderamente explosivo para el Gobierno”. Además, “hay unos indicadores económicos que son bastante precarios. Es el momento de conversar o de seguir profundizando en un modelo que ciertamente no ha funcionado. En las encuestas que tenemos, más de 75% (de los venezolanos) pide que el sector privado y el sector gobierno se sienten a conversar”. Indicó que, en esos sondeos, el tema de preocupación número uno para los ciudadanos es la inseguridad pública (el año anterior se registraron cerca de 25.000 homicidios en el país), el segundo el desabastecimiento y el tercero la inflación”. Desquiciamiento económico El economista Felipe Pérez Martí, quien fue ministro de Planificación del presidente Chávez entre el 2002 y el 2003, consideró que las políticas aplicadas a partir del 2007, cuando el fallecido gobernante se propuso intensificar el centralismo económico socialista, resultaron “fatales” para el país. “El problema es que el presidente estuvo muy mal asesorado en materia económica y nadie le decía que no”, dijo. El ex ministro sostuvo que Chávez dejó una economía muy comprometida a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde abril del año anterior, y este “la ha agravado por mantener el control de cambios, por atacar al sector privado y por impulsar la Ley de Precios Justos”, que establece una ganancia máxima de 30% de sus ventas a las empresas. De acuerdo con Pérez Martí, si la situación se mantiene como hasta ahora y el gobierno no adopta un plan de ajuste drástico, es ano la inflación puede alcanzar el 90% y el desabasto llegaría a niveles que la población no lo toleraría, incluso las bases chavistas, que aún son muy numerosas y son las que se han mantenido a flote al gobierno de Maduro incluso con la ola de protestas que se registran en Caracas y otras ciudades. “Venezuela tiene una economía desquiciada”, consideró. Dijo que las medidas urgentes que se imponen son el “sinceramiento” del tipo de cambio, lo que equivale a reducir la enorme brecha entre la cotización oficial del dólar y la que se presenta en el mercado paralelo, y el alza del precio de la gasolina, cuyo subsidio le cuesta al Estado USD12.600 millones al año. Pérez Martí estimó que una devaluación “realista” podría contribuir de manera decidida a abatir el déficit fiscal al hacer rendir más en el mercado interno los dólares procedentes de las exportaciones petroleras. En esa coyuntura crítica, China ratificó su papel de aliado estratégico de Venezuela al renovar un tramo de USD5.000 millones del denominado Fondo Conjunto Chino-Venezolano, un mecanismo mediante el cual la nación asiática otorga financiamiento a este país sudamericano a cambio de suministro de petróleo.  Según el vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, los nuevos recursos se destinarán a invertir en grandes proyectos de infraestructura del sector eléctrico, que está sometido a fuertes presiones por su limitada capacidad de abastecimiento y el deteriorado estado de la red, y los ferrocarriles. Venezuela paga a China esos créditos con petróleo, lo que compromete unos 240.000 barriles diarios de crudo, los cuales representan el 15% de las exportaciones del país. Para Pérez Martí, las líneas de financiamiento que otorga China a Venezuela son equivalentes a las operaciones de salvamento que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI),  “La diferencia es que lo da China y que no se corrige nada. Ese préstamo de China es perjudicial porque lo que hace es correr la arruga, no permite ver la realidad, esconde el tremendo desquiciamiento de la política económica y nos pone al borde del precipicio”, señaló el ex ministro de Planificación de Hugo Chávez.