La propiedad intelectual, un concepto satanizado en Venezuela

La obsesión del Gobierno venezolano por implantar el socialismo en el país gravita en temas de normatividad económica como la propiedad intelectual, que se debate entre la ideologización oficial y una realidad global que impone a los países reglas del juego muy difíciles de eludir. http://bit.ly/1boSUd8

Por: Emiliano Corona Especial para Legiscomex.com Caracas  El concepto de propiedad intelectual se encuentra bajo asedio en la Venezuela del Socialismo del Siglo XXI. Para el Gobierno, la propiedad intelectual ha convertido las obras en mercancía, perjudica al autor, va en contra de los intereses colectivos y los principales beneficiarios de ese derecho son, por lo general, los productores o las empresas. “Si bien es necesario proteger los derechosde inventores y creadores, todo el tinglado legal montado alrededordel tema lo que busca es proteger al capital”, señala un documento del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), la institución oficial a cargo de registrar la propiedad intelectual y de aplicar la normativa vigente en materia de derechos de autor, marcas y patentes en el país. El abogado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jesús Ríos Mujica, dijo a Legiscomex.comque el concepto de propiedad intelectual “ha sido satanizado” por parte del Gobierno, que lo considera un tinglado legal montado para proteger al capital. “Lamentablemente, los más afectados con esta situación no son las grandes trasnacionales, sino artistas como pintores y escultoresque viven de eso, de su trabajo intelectual”, añadió el especialista en propiedad intelectual por la Universidad de Los Andes (ULA) y consultor en esa materia a través de la firma Intelecto. Ríos Mujica indicó que la legislación venezolana sobre propiedad intelectual es anacrónica, está desfasada y tiene muchos vacíos. La Ley de Propiedad Industrial, que data de 1956, no contempla el otorgamiento de patentes a medicamentos y alimentos; omite el tema de denominaciones de origen; habla indiferentemente de invento y descubrimiento e impone penas y medidas cautelares ínfimas para sancionar delitos de uso no autorizados de marcas y patentes. “Lo primero que tenemos que hacer en Venezuela es actualizar esa legislación”, explicó el abogado. El director general del SAPI, José Julián Villalba, coincide en esa necesidad y por ello esa institución promueve un debate tendiente a promulgar una nueva Ley de Propiedad Industrial que reemplace a la de 1956 y esté más acorde con la realidad del siglo XXI. Los vacíos Hasta el 2006, todos los asuntos relacionados con la propiedad industrial en Venezuela se regían por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), organismo subregional del cual el Gobierno venezolano se retiró ese año. La Decisión 486 estaba en consonancia con la legislación internacional en el tema y protegía las marcas y patentes al amparo de normas como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), vigente desde 1994. Con la salida de la CAN, en Venezuela se produjo un vacío jurídico en materia de propiedad intelectual y se dejaron de emitir patentes, además de que la incidencia de la piratería en el país aumentó en forma significativa. De acuerdo con la Business Software Association (BSA), el país con el mayor nivel de piratería informática en Latinoamérica es Venezuela, donde el 88% de los programas de cómputo instalados no cuenta con licencia. La directiva de la BSA, Montserrat Durán, sostiene que el Gobierno venezolano no tiene interés en luchar contra la piratería. “Parece que siente que todo el software que llega de afuera es parte de la invasión, pero ha pasado por alto las pérdidas tributarias que esto produce”, comentó. En mayo pasado, la Oficina del Representante de Comercio Exterior de EE UU mantuvo a Venezuela en la “lista negra” de los países que violan los derechos de propiedad intelectual por la creciente incidencia de piratería y falsificación de marcas y llamó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a aplicar un sistema "eficaz" de protección contra las prácticas de comercio desleal. Muchos países en vías de desarrollo cuestionan la voracidad de las empresas trasnacionales en materia de propiedad intelectual y el desmedido usufructo que hacen de patentes que debieran tener un objetivo social, más que comercial, como en el caso de los medicamentos y los programas informáticos para producir conocimiento. La misma OMC adoptó en el 2001 una resolución para que los países puedan defender el derecho a la salud de sus habitantes, al margen de los acuerdos comerciales, mediante la producción nacional de genéricos o la importación de medicamentos de quienes los producen a precios más baratos. Brasil y Sudáfrica decidieron eludir o limitar el pago de derechos de patentes a los grandes laboratorios trasnacionales para producir medicamentos contra el Sida a bajo costo, lo que fue respaldado por la opinión pública mundial. Revolución y patentes Según un documento del SAPI, antes de la llegada del fallecido presidente Hugo Chávez al poder, en 1999, “la propiedad intelectual estuvo secuestrada por una élite que únicamente buscó preservar sus privilegios y el de las empresas transnacionales a las que servía, no solo aprobando las legislaciones nacionales de acuerdo a los dictámenes de las empresas transnacionales y sus organismos internacionales, sino ocultando las pequeñas posibilidades que estos acuerdos permitían para el desarrollo nacional”. El abogado venezolano Armando Mejía señaló que si bien existen abusos de las patentes por parte de transnacionales que las utilizan para consolidar posiciones monopólicas o de dominio en los mercados nacionales y globales, estos no se resuelven “con discursos revolucionarios ni con medidas unilaterales porque estas, lo que hacen, es propiciar la piratería y la falsificación y acaban afectando a empresas locales y extranjeras por igual, así como a los autores de obras porque, en ese escenario, nadie respeta los derechos de autor”. “Necesitamos un ordenamiento jurídico y la intervención del Estado para salvaguardar los derechos de autor, las marcas, las patentes y la propiedad intelectual, pero el problema en Venezuela es que no existe una nueva legislación sobre propiedad intelectual que sustituya a nuestras viejas leyes en la material”, señaló Mejía. Para el abogado Ríos Mujica, a pesar del discurso oficial sobre la implantación del socialismo “las disposiciones legales vigentes sobre propiedad intelectual son las mismas de gobiernos anteriores; no han sido creadas otras, no han sido creadas disposiciones con tintes socialistas, no hay un proyecto socialista de libre derecho de autor y no ha sido una prioridad del gobierno generar políticas en torno a la propiedad intelectual”. De acuerdo con el especialista, las omisiones oficiales en torno al tema han obstaculizado en Venezuela el desarrollo de la innovación y el emprendimiento, dos áreas de la economía del siglo XXI que pueden detonar el crecimiento y crear fuentes de empleo. “Obviamente, la ideología ha influido en el tema de propiedad intelectual y en otras áreas. Es bastante conocida la tendencia socialista del Gobierno y eso ha hecho que no prosperen proyectos de reforma, sobre todo con respecto a la propiedad industrial”, aseguró. Pesos y contrapesos De acuerdo la iniciativa de reforma de la Ley de Propiedad Industrial que promueve el Gobierno, las empresas transnacionales que quieran patentar sus invenciones en el país deberán producirlas en Venezuela y no importarlas, a fin de propiciar la transferencia tecnológica y la generación de empleos. Los conceptos “propiedad intelectual colectiva” y “marcas colectivas”, así como la defensa de los mismos, formarían parte de la nueva legislación que forma parte de la larga lista de temas pendientes de la Asamblea Nacional, el Congreso unicameral de Venezuela. Una “marca colectiva” es, de acuerdo con el SAPI, “un signo que sirve para identificar o distinguir productos o servicios generados por entidades colectivas”, como organizaciones socioproductivas de propiedad social o comunal y cooperativas, entre otras. Un aviso de lo que podría ser la nueva legislación de propiedad intelectual es la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), promulgada el año anterior y que protege en favor de los empleados las creaciones intelectuales generadas en el marco de una relación laboral, mientras que el patrono solo tendrá una licencia de uso para la explotación de la innovación, invención o mejora que produzca el trabajador. El SAPI considera que las patentes “son un mecanismo ideado por los que desarrollaron la teoría de la acumulación para garantizar la privatización del conocimiento” y por ello un objetivo de la reforma de la Ley de Propiedad Industrial es evitar que las patentes se conviertan “en una trampa que límite la soberanía tecnológica de los pueblos y frustrar la intención de las transnacionales de crear monopolios, sobre todo en el ramo de medicinas”. Villalba, el director general del SAPI, ha señalado que "no necesariamente" una nueva ley debe prohibir las patentes de esos productos, pero es importante que "garantice la preeminencia de esos derechos humanos ante el derecho de la propiedad intelectual". Dicho esto, aseguró que la nueva legislación debe estar en sintonía con en el Adpic y con otros convenios internacionales suscritos por Venezuela en esa materia. "Tenemos que ver cómo establecemos una nueva legislación que teniendo ese referente logre avanzar a preservar los derechos del colectivo sobre los derechos de la propiedad individual, que es uno de los grandes debates alrededor de esto", dijo. Venezuela, sin embargo, carece de plena autonomía para desarrollar una nueva ley de propiedad industrial ya que su ingreso al Mercosur, el año anterior, obliga al país a sintonizar su legislación con las disposiciones del organismo regional en esa materia. Por lo pronto, deberá aplicar el protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual del Mercosur, lo que en los hechos acotará los propósitos oficiales dar un énfasis socialista a esas normas. Para Ríos Mujica, las contradicciones en torno al tema de propiedad intelectual “afectan la actividad económica porque los inversionistas extranjeros analizan todos estos elementos y es posible que decidan no invertir en Venezuela si van a encontrar riesgos”.