viernes, 23 de agosto de 2013

El campo históricamente ha sido abandonado por el Gobierno: Correa

El Paro Nacional Agrario inició el pasado lunes 19 de agosto a las 12:00 a.m. con la participación de campesinos y distintos movimientos agrícolas, como los cafeteros, los paperos, los cebolleros e incluso algunos trasportadores. Además, paralelamente, se desarrolla el paro del sector minero que ya completa cerca de 38 días y aún no cesan sus arengas y las soluciones tampoco se vislumbran a pesar de los diálogos. http://bit.ly/14L7GWC

   
Por: Legiscomex.com 
 
Ya se completan cinco días de paro y varios municipios y departamentos del país se encuentran incomunicados. Uno de ellos es Boyacá, que tiene la mayoría de sus vías principales taponadas, hay constantes enfrentamientos entre los campesinos y la Policía, los alimentos ya empiezan a encarecerse y las empresas de trasporte de pasajeros se niegan a ofrecer sus servicios. 

La protesta que fue convocada de manera indefinida, busca para la mayoría de los movimientos, que se solucionen puntos comunes, como el de controlar y reducir los precios de los insumos para la agricultura, se vigilen con más rigurosidad las fronteras para evitar el contrabando, se prepare al campesinado para competir ante los tratados de libre comercio, y en algunos casos como en los de cafeteros y paperos, se pide una mayor representación en cada una de sus federaciones. 

Víctor Correa, representante líder del movimiento Dignidad Cafetera, en entrevista conLegiscomex.com, reconoció que hace seis meses se llegaron a algunos acuerdos con el Gobierno Nacional, después de 12 días de cese de actividades, pero que hoy faltan varios puntos por solucionar. “En efecto, en el Paro Nacional Cafetero del 25 de febrero firmamos un acta con el Gobierno que tuvo tres puntos generales grandes. Primero, el subsidio de 145.000 pesos (COP) por carga, es decir el PIC (Programa de Protección al Ingreso Cafetero); segundo, se iba a implementar en un plazo no menor a dos meses un mecanismo de pago directo al momento de la venta, y tercero, se iban a instalar mesas de negociación con capacidad resolutiva sobre los otros puntos que quedaron pendientes”. 

Según Correa, este nuevo paro se agendó debido a que en las mesas de negociación con los cafeteros y otros sectores de la agricultura colombiana con el Gobierno no se concertaron todos los puntos pactados, como el precio de fertilizantes y el mecanismo de pago directo. “Cuando llegamos al punto de los insumos, el Gobierno expuso que ese era el mercado de los fertilizantes en Colombia y básicamente que no había nada que hacer para reducir los precios. Nosotros no estamos de acuerdo con esto porque la gran mayoría de los países de la región con los que tenemos que competir tienen precios en los insumos muy por debajo de los que tenemos en Colombia”, aseguró el líder cafetero. 

Con las mismas inquietudes

Para los campesinos cultivadores de papa, arveja y cebolla el panorama es muy similar al de los cafeteros. Según César Pachón, vocero de la delegación de los papicultores, el campesinado colombiano no tiene cómo competir internacionalmente, pues los costos de producción son mucho más elevados. “Producir un kilo de comida en otro país es más barato que en Colombia. Y aquí que no nos digan que tenemos que ser más competitivos porque nosotros nos matamos al sol y al agua y somos verracos para producir. Aquí lo que necesitamos son soluciones de raíz y no pañitos de agua tibia”, dijo Pachón.

Sin embargo, en un comunicado de prensael ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Estupiñán, afirmó que este paro es injustificado, rechazó las vías de hecho y señaló que el Gobierno ha ejecutado todos los esfuerzos posibles por cumplir con los compromisos, entre ellos, los COP610.000 millones desembolsados a 320.000 productores de café como pago del PIC. "Los esfuerzos fiscales del Gobierno tienen límite. La chequera no es ilimitada", y agregó, "de ustedes se están ‘colinchando’ para promover algo, que no sabemos que es, pero que son intereses diferentes al sector agropecuario”.

Incluso, el pasado miércoles en rueda de prensa el presidente del Consejo Gremial Nacional, Rafael Mejía, reiteró la necesidad de diálogo entre los campesinos y el Gobierno, reconoció el derecho a las protestas pacíficas, pero rechazó los bloqueos de vías y la violencia: “El Consejo Gremial Nacional reconoce que la movilización pacífica es un derecho constitucional que el Estado colombiano debe garantizar y respetar. Sin embargo, la Constitución ha establecido obligaciones y derechos que deben también garantizarse y hacerse respetar, por lo tanto, cualquier delito que se cometa en el desarrollo de estos eventos, debe ser penalizado sin excepciones”. 

Por su parte, el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, insistió vehementemente en la necesidad de un diálogo serio y respetuoso y desestimó las versiones de que hay intereses ocultos dentro de esta marcha. “Es más una especie de autismo cínico pensar que la gente sale a las carreteras porque son como unos cretinos que no entienden dónde están sus interés y que hay unos satanes que manipulan a estos compatriotas, (…) en ese sentido, yo expreso mi solidaridad con quienes reclaman, la del Polo, pero al mismo tiempo llamo al Gobierno para que atienda esto con rigurosidad y con seriedad”, afirmó el senador el pasado martes en la Comisión Quinta del Senado. 

Es claro que el agro colombiano necesita con urgencia estímulos y soluciones de raíz que lo ayuden a salir de la crisis y le permita ser más competitivo ante el mercado internacional, pues como lo dijo Correa, “hay unas bases históricas de abandono por parte del Gobierno y del Estado en general. No vamos a hablar solamente del presidente Santos pues a él no se le pueden achacar todas las crisis cuando son más de treinta y cuarenta años de abandono del campo”. No obstante, este tipo de manifestaciones deben llevarse a cabo de forma pacífica sin alterar el derecho de los civiles ni estimular la violencia.

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