EE UU otorga una nueva tregua comercial de seis meses a Guatemala

EE UU concedió a Guatemala una nueva tregua comercial de 6 meses de duración, a pesar de encontrar que el país centroamericano no satisfizo a cabalidad sus compromisos bajo el Plan de Cumplimiento pactado en abril pasado para fortalecer las leyeses laborales bajo el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y América Central y República Dominicana (CAFTA-RD, por su sigla en inglés). http://bit.ly/1bsJBXB

Por: Alfredo Sotomayor Corresponsal de Legiscomex.com Washington  La administración Obama solicitó desde el 2011 un panel arbitral, a fin de determinar si Guatemala violó el espíritu y la letra CAFTA-DR debido a su fracaso en hacer cumplir sus propias leyes relativas al derecho de asociación, a la organización gremial y contratación colectiva, así como a mantener condiciones de trabajo aceptables. Se trató en su momento del primer litigio laboral presentado por EE UU con cualquiera de sus socios comerciales. En abril pasado, los dos países firmaron un plan de 18 puntos donde se definieron las secciones concretas del gobierno de Guatemala para apuntalar el cumplimiento de sus leyes laborales, con el compromiso de implementarla plenamente en un plazo de seis meses. “Guatemala ha dado pasos para mejorar el cumplimiento de los derechos laborales, pero se requiere aun sustancialmente más progresó por hacer. Seguiremos trabajando con el gobierno de Guatemala y con nuestros socios en el movimiento sindical para asegurar la implantación de los compromisos de Guatemala para reforzar el cumplimiento de las leyes laborales", señaló el representante comercial de la Casa Blanca, Michael Froman.  La administración Obama decidió por ello mantener en suspenso la reactivación del panel arbitral durante los siguientes seis meses, aunque retuvo su derecho a ejercer esa prerrogativa en caso de considerarlo imperativo. La historia del litigio laboral inició en abril del 2008 cuando La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por su sigla en inglés), y seis sindicatos guatemaltecos acusaron al Gobierno de empeorar las condiciones laborales del país, desde la entrada en vigor del acuerdo el 1° de julio del 2006, de violar las libertades de asociación y de evitar el acceso a los tribunales. La queja fue recibida por la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales del Departamento del Trabajo de EE UU (DOL, por su sigla en inglés), el cual investigó las acusaciones y concluyó en un reporte que existían “debilidades significativas” en el cumplimiento de Guatemala con sus leyes laborales, y que por lo tanto incumplía sus obligaciones bajo el CAFTA-RD en relación con el cumplimiento de sus propias leyes laborales. Con base en la revisión de las denuncias, la administración Obama pidió en julio del 2010 el inicio de “consultas” con Guatemala en busca de llegar a una solución mutuamente satisfactoria, por lo cual, se celebraron reuniones en Guatemala en septiembre y diciembre de ese año, además de una reunión ante la Comisión de Libre Comercio en junio del 2011 . Bajo las reglas de resolución de disputas del CAFTA-DR, el Gobierno quejoso puede elevar la queja a nivel de un panel arbitral si ambas partes no llegan a un acuerdo en un plazo de 60 días posteriores a la recepción de la demanda. A raíz de la posición estadunidense de que la ronda de negociaciones no había fructificado, la administración Obama pidió en agosto del 2011 el establecimiento del panel arbitral, para resolver si existía sustento en la queja estadunidense, aunque el proceso puede demorar varios años antes de una resolución final.  La USTR sostuvo desde el inicio del litigio que algunas empresas y ciudadanos estadunidenses habían encontrado casos de corrupción, incluyendo en el sistema judicial, que se habían convertido en una “preocupación significativa y una limitación a las inversiones exitosas en Guatemala. “La percepción general es que las agencias del Gobierno y el sistema judicial son débiles y sujetas a influencia exterior. Las decisiones administrativas y judiciales parece ser en ocasiones inconsistente, no transparentes y muy prolongadas”, de acuerdo con la queja estadounidense. Avances graduales La administración Obama reconoció el pasado 25 de octubre que, desde que se presentó el caso bajo el mecanismo de resolución de disputas del CAFTA-RD, Guatemala ha adoptado varias reformas, consistentes con los plazos aplicables. Sin embargo, mantiene que la implementación de las reformas es crucial para mejorar los derechos laborales en Guatemala. Entre las acciones que EE UU reconoce estado todo el gobierno de Guatemala figuran • Concreción de un acuerdo inter agencial entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior, además de que emitió una ordenanza a la Policía Nacional para asegurar apoyo a fin de facilitar el acceso de inspectores a los sitios de trabajo. • Contratación de 100 nuevos inspectores. • Presentación de legislación al Congreso para que Ministerio de Trabajo emita recomendaciones de multas y establezca un proceso expedito al sistema judicial a fin de adoptar tales propuestas. • Publicó un acuerdo ministerial que requiera al Ministerio de Trabajo conducir inspecciones anuales de todas las empresas que reciben beneficios fiscales bajo las provisiones especiales de la ley de Guatemala. • Establecimiento de un período de comentario público como parte del proceso de revisión de solicitudes y rechazo a nuevas peticiones para beneficios recibidos por parte de empresas que habían violado las leyes laborales. • Estandarización por parte de la nueva unidad de verificación del poder judicial de los procedimientos y criterios para verificar el cumplimiento de los empleados con las órdenes judiciales y con su implementación. • Inicio por parte del poder judicial de una revisión sistemática de todas las cortes laborales para hacer rendir cuentas a los jueces que eviten adoptar medidas requeridas por la ley para hacer cumplir los fallos judiciales • Emisión de instrucciones al Ministerio de Trabajo a fin de intervenir al recibir información de cierres potenciales de empresas y de adoptar las medidas necesarias para obtener el pago a los trabajadores en caso de clausura, incluyendo las peticiones relevantes de las cortes laborales para embargar o confiscar los bienes de tales corporaciones. • Emisión de un acuerdo ministerial para establecer un equipo de respuesta institucional para prevenir cierres de empresas exportadoras que reciben beneficios fiscales, así como asegurar los pagos adeudados a los trabajadores, en caso que no se pueda evitar la clausura o cierre. • Implementación de un comité tripartita tanto por trabajadores empleados y representantes de la empresa para ofrecer información sobre los instrumentos y procedimientos emitidos bajo el plan de acción laboral. Pendientes A pesar de la larga enumeración de avances por parte del gobierno de Guatemala en el refuerzo del cumplimiento de sus leyes laborales, la administración Obama dejó en claro que subsisten pendientes significativos. Entre estos destacan: • La aprobación de legislación que ofrezca un proceso expedito para sancionar a empleadores que violen las leyes laborales. • La aprobación de un estatuto para implementar un mecanismo de contingencia que encare los problemas de pago a trabajadores en casos de clausura de empresas exportadoras. • Medidas para asegurar que los instrumentos y procedimientos emitidos bajo el plan de acción sean implementados de manera efectiva y hechos cumplir La representación comercial de la Casa Blanca dejó en claro que, de la resolución de estos aspectos pendientes, dependerán los próximos pasos que adopte el gobierno estadounidense en relación con la queja laboral bajo el CAFTA-RD “Si en cualquier momento, durante los siguientes seis meses, el gobierno de EE UU determina que Guatemala no está implementando efectivamente el plan de cumplimiento, puede solicitar que el panel arbitral reanude su trabajo”, señaló la dependencia de la Casa Blanca. Por comparación, México siguió un procedimiento similar en su queja contra EE UU en materia de transporte transfronterizo. El panel arbitral dictaminó a favor del gobierno mexicano, lo que sirvió de base legal para que México impusiera aranceles compensatorios a Washington por más de USD2.400 millones luego que el gobierno estadunidense mantuvo el incumplimiento.