Crisis venezolana atrapa al sector automotor

La escasez de divisas, las distorsiones cambiarias y una nueva ley que busca aplicar severas regulaciones al mercado, mantienen en una situación de extrema vulnerabilidad al sector automotor venezolano, que este año sufrirá una fuerte contracción. http://bit.ly/17qgCIm

Por: Emiliano Corona Especial para Legiscomex.com Caracas    La Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez) reporta que durante los primeros nueve meses de este año las ventas de vehículos nuevos en ese país han caído en un 17,5% con respecto al mismo periodo del 2012. Lo insólito es que la contracción no es producto de una falta de demanda derivada de la crisis económica que golpea a Venezuela, sino de la escasez de divisas que impide a las ensambladoras locales importar los insumos que requieren para mantener su producción.  De hecho, la demanda de automóviles es superior a la oferta. En Venezuela, a pesar del estancamiento económico, existen más compradores de carros que vehículos disponibles en el mercado.  Analistas consultados por Legiscomex.com coincidieron enseñalar que se trata de un problema de oferta y demanda que ha llevado a una distorsión del mercado de vehículos en un contexto de alta inflación. “Los consumidores están buscando en los automóviles un bien para protegerse de la inflación porque estos bienes suben de precio en forma constante. La demanda es tan alta y la producción tan baja, que hemos llegado al absurdo de que los precios de los carros usados son mayores a los de los nuevos. Esto es porque los usados se pueden comprar de inmediato y para adquirir uno nuevo hay que ponerse en lista de espera al menos un año”, dijo el abogado y especialista en derecho de la competencia, CarlosAlberto León. Círculo vicioso El economista y presidente de Visión de Inversión, Henkel García, señaló que en el último año el Gobierno venezolano ha incrementado en más del 65% la liquidez monetaria a través del Banco Central, lo que hace crecer la demanda de bienes y servicios “y, por otro lado, se ha ocupado de desmantelar el aparato productivo con políticas que desincentivan la inversión. Si se estimula la demanda y al mismo se contrae la oferta, el resultado va a ser una alta inflación. Es lo que tenemos en Venezuela”. En septiembre pasado, la inflación interanual alcanzó el 49,4%, el índice más alto de los últimos 15 años, y los ciudadanos tienen muy escasos instrumentos a la mano para protegerse del alza de precios. La compra de inmuebles, que era una opción, está en desuso como inversión segura por la vigencia de una ley de arrendamiento de inmuebles que impone medidas draconianas a los propietarios.  “La carencia de instrumentos para protegernos de la inflación lleva a mucha gente a comprar carros para preservar sus ahorros”, comentó García, quien atribuyó a ese hecho y al exceso de circulante la “demanda exacerbada” de vehículos que existe en el país, lo cual contrasta con el descenso de la producción y la falta de divisas para importar los vehículos que requieren los consumidores. En el 2007, el mercado automotor venezolano comercializó 491.899 unidades, mientras que en el último año (de octubre del 2012 a septiembre del 2013) la cifra cayó a 113.185 unidades, lo que significó una baja del 335% en un lapso de cinco años. La Cavenez estima que la demanda real es de 300.000 vehículos anuales, el triple de la oferta actual. Ni la industria nacional ni las importaciones pueden satisfacer –otra vez por la escasez de dólares– la alta demanda, incluso a pesar de la creciente presencia estatal en el sector, a través de empresas públicas y mixtas. El problema cambiario derivado del control oficial sobre el mercado de divisas constituye un factor determinante que introduce más distorsiones al sector automotor, porque nunca se sabe qué tipo de cambio rige en las diferentes operaciones comerciales.  A través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el Gobierno asigna dólares a las empresas al tipo de cambio oficial de 6,30 bolívares (BsF) por dólar, pero este mecanismo es insuficiente y presenta retrasos de hasta 180 días en hacer efectivas las asignaciones.  La otra forma de acceder a moneda extranjera es el Sistema Complementario para la Adquisición de Divisas (Sicad), el cual subasta dólares que alcanzan una cotización de entre BsF12,00 y BsF14,00. Como ambos dispositivos gubernamentales no alcanzan a inyectar a la economía la cantidad de dólares que requiere para operar, tanto particulares como empresas terminan por acudir al mercado negro de divisas, donde la cotización de la moneda estadounidense puede superar BsF40,00.  “Con estos diferenciales nunca se sabe en realidad cuánto fue el costo de importación, en bolívares, de los insumos, de los automóviles o de cualquier producto en el mercado”, señaló León. Camisa de fuerza Para el diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Elio Serrano, lo que ocurre en la industria automotriz es “una escalada de precios especulativos en la que los carros se llegan a vender al doble o al triple de lo que cuestan en el mercado internacional”. De acuerdo con Serrano, quien es presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, la responsabilidad de la espiral inflacionaria en el mercado de vehículos es de los concesionarios, que “convierten autos nuevos en usados para venderlos más caros, muy por encima de su valor real; los ruedan un poco, les dan la vuelta, y los venden como usados”.  Los ensambladores nacionales argumentan que los retrasos y limitaciones en la asignación de divisas para importar insumos les impide ampliar su capacidad de producción, a fin de regularizar el mercado e impedir esas distorsiones, lo que según el diputado “no es un argumento válido para estos precios que estamos viendo”. Serrano sostuvo que vehículos nuevos que pueden tener un valor de USD40.000 se comercializan hasta en USD150.000 en el mercado de usados y “esto es algo a lo que hay que poner freno”. El diputado figuró entre los principales promotores de la “Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Nuevos y Usados Nacionales e Importados”, que fue aprobada el pasado 13 de agosto por la Asamblea Nacional pero cuya promulgación está pendiente, pues falta que la firme el presidente Nicolás Maduro.  La normativa, que busca regular la comercialización de los vehículos nuevos y usados, nacionales e importados, así como la venta de repuestos, partes y accesorios de los automotores, impone sanciones de entre BsF2 millones y BsF3 millones (entre USD317.000 y USD476.000) a los concesionarios que alteren las listas de espera de compradores de automóviles. Serrano sostiene que existen “mafias” que cobran altas sumas de dinero a los compradores decididos a eludir las largas listas de espera.  Para impedir los sobreprecios en el mercado de usados, la ley establece que el valor de este tipo de vehículos no podrá exceder el 90% de lo que valía ese auto nuevo el 28 de febrero del 2013. Así mismo, los precios de los carros nuevos y de los repuestos serán fijados por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop). La normativa, además, prohíbe publicitar vehículos con precios superiores a los establecidos por la autoridad e impone fuertes sanciones a quienes desacaten las disposiciones, desde compradores hasta concesionarios y armadoras. León consideró que esa ley “se transformará muy rápidamente en una camisa de fuerza que distorsionará aún más el mercado de vehículos”.  “Cuando hay control de precios lo que ocurre es que los productos controlados desaparecen del mercado y se crea un mercado paralelo donde te los venden mucho más arriba del precio que fija el Gobierno. Esto distorsiona totalmente el objetivo.Esta ley lo único que va a provocar es mayor especulación, mayor distorsión del mercado y menor producción de vehículos”, indicó el abogado de la Universidad Central de Venezuela.  Más allá de los efectos de la ley, que no tiene fecha para entrar en vigor por el retraso de su promulgación, la planta venezolana de Toyota anunció que paralizará sus operaciones entre los próximos 28 de octubre y 11 de noviembre, debido a la falta de divisas para importar insumos. La tercera armadora de carros en el país, después de las estadounidenses General Motors y Ford, ha visto caer su producción en un 24% este año y con el paro temporal dejará de ensamblar unos 450 vehículos.