Incertidumbre energética impacta a sectores productivos chilenos

Chile debe aumentar en cerca del 50% su capacidad de generación de electricidad en esta década para atender la demanda del país y sostener el crecimiento económico, pero el debate ambiental y una institucionalidad inmadura desafían la meta y crean incertidumbre en sectores productivos. http://bit.ly/11LVvfH

Por: Alfredo Roca Corresponsal de Legiscomex.com   Hace unos días, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) de Chile divulgó un catastro que ubica los proyectos de inversión del sector energético como los de mayor rezago en el país, con USD46.170 millones en el limbo de los estudios de impacto ambiental y en espera de la autorización de las autoridades para ponerlos en ejecución. El gerente general de la Asociación Gremial de Generadoras (AGG) de Chile, René Muga, explicó aLegiscomex.com que las inversiones que ejecuta a nivel nacional el sector energético ascienden a USD3.407 millones, apenas el 5,6% de los más de USD60.000 millones proyectados para esta década. De acuerdo con el dirigente del organismo privado que congrega a las seis grandes empresas generadoras de energía eléctrica en Chile -Colbún, SN Power Chile, AES Gener, Pacific Hydro Chile, GDF Suez y Endesa Chile-, “al país se le acaba el tiempo y es hora de actuar de inmediato para evitar que el clima de incertidumbre afecte a más proyectos y siga entrabando la llegada de inversión crucial para nuestro desarrollo”. Muga dijo que ante el retraso en los proyectos, este país se va a encontrar en una situación en la que la demanda tendrá que ajustarse a la disponibilidad de la oferta, ya sea aumentando los precios de la energía o vía menor disponibilidad, lo que en cualquier caso tendrá un efecto negativo. La sociedad chilena muestra un creciente rechazo a los proyectos energéticos hidroeléctricos y termoeléctricos por su efecto contaminante, y a lo largo y ancho del país se han multiplicado masivos movimientos en contra de la construcción de centrales de esas características, lo cual se traduce en una fiscalización cada vez más rigurosa y estricta de los estudios de impacto ambiental que deben elaborar los inversionistas para obtener la aprobación de las autoridades y en una actitud muy sensible de las instituciones públicas frente a las demandas ciudadanas de proteger el medio ambiente. El dilema El 80% de los chilenos considera que las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas deterioran el medio ambiente y los recursos naturales del país, pero por otra parte Chile necesita incrementar en un 47% su capacidad de generación de electricidad antes de que concluya esta década. A los 17.000 megawatts (MW) de energía eléctrica que hoy genera el sistema hay que agregar 8.000 MW entre el 2014 y el 2020 para atender y soportar la demanda del crecimiento económico, que se estima de entre el 5% y el 6% anual promedio en ese periodo.  Entre las exigencias sociales y las necesidades energéticas de los sectores productivos -en especial de la minería, motor del desarrollo y principal consumidor de electricidad a nivel nacional—, las autoridades políticas y los tribunales de justicia han tenido dificultades para jugar un papel mediador. Durante el 2012, la Corte Suprema de Justicia de Chile acogió recursos de organizaciones sociales y ambientalistas que paralizaron dos proyectos: el hidroeléctrico Energía Austral, de las firmas australianas Origin Energy y Xstrata Copper, que agregaría 1.069 MW al sistema con la construcción de tres centrales en la Patagonia chilena, al sur del territorio, donde se concentran los recursos hídricos, y el termoeléctrico Central Castilla, en el norte, que pertenece a la brasileña MPX, de Eike Batista, y a la alemana E.ON, y que tiene un potencial de 2.100 MW. En ambos casos, el máximo tribunal del país ordenó ampliar los estudios de impacto ambiental y de esa forma quedaron en suspenso inversiones por unos USD7.000 millones que aportarían el 40% de la capacidad de generación que Chile necesita incrementar en esta década. Batista, uno de los hombres más acaudalados del mundo, afirmó en su cuenta de Twitter que invertir en Chile “se está volviendo imposible”. El diciembre pasado, el Comité de Ministros aprobó la construcción de la termoeléctrica Punta Alcalde, de Endesa Chile, que aportará 740 MW, pero a mediados de febrero anterior organizaciones sociales y ambientalistas de la norteña región de Atacama, donde se desarrollará el proyecto, interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago para detenerlo. Tema político Un antecedente en materia de política energética se produjo en agosto del 2010, cuando el presidente Sebastián Piñera ordenó detener la construcción de la central termoeléctrica a carbón Barrancones, de Suez Energy, que aportaría 540 MW al sistema, por estar localizada a solo 20 kilómetros (km) de la reserva natural marítima Punta Choros, en la costa norte. Era una promesa de campaña. Otro emblemático desarrollo hidroeléctrico que se encuentra suspendido en medio del debate por su impacto ambiental es el de HidroAysén, que incluye la construcción de cinco centrales en la Patagonia con una inversión de USD3.200 millones de Colbún y Endesa Chile para generar 2.750 MW. El 74% de los chilenos rechaza ese plan, que prevé inundar unas 6.000 hectáreas de reservas naturales en esa zona austral de enorme riqueza hídrica y hermosos parajes de montañas, fiordos, islas y canales. HidroAysén –que entre sus opositores tiene a grupos musicales como Calle 13 e Inti-Illimani— podría resolver parte del problema energético que encara Chile, pero su impacto ambiental y el rechazo popular lo tienen en espera. Será uno de los temas de la campaña presidencial que se desarrollará a lo largo de este año con miras a los comicios del próximo 17 de noviembre. La ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y ex directora de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), Vivianne Blanlot, afirmó que “en Chile nadie se atreve a decir que hay que desarrollar el potencial hidroeléctrico, porque la ciudadanía tiene un rechazo por impacto ambiental, pero tenemos solo un recurso energético de bajo costo, que es la hidroelectricidad, y negarnos a utilizarla es un suicidio como país”. Para la ex ministra de Defensa y militante del centroizquierdista Partido por la Democracia (PPD), “sí existe la posibilidad de encontrar soluciones en puntos intermedios entre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo energético, pero hay que hacer que la ciudadanía tenga conciencia del problema y eso se hace con un debate serio, equilibrado, sin ideologías ambientalistas extremistas y sin partir de la base de los intereses de las empresas, sino de los de los intereses del país”. Para eso, sin embargo, “requerimos de una institucionalidad madura, que ahora no tenemos, y de que los gobiernos ubiquen el tema energético como una prioridad”. Por su parte Muga, el gerente general de la AGG, dijo que las empresas energéticas están por el desarrollo sustentable y, como inversionistas, quieren cumplir con la ley y con los más altos estándares medioambientales. Lo que se necesita es más diálogo, más información y más participación de las comunidades, y aquí el Estado debe ser el conductor. No tan negro La gerente de Energía y Cambio Climático de la Fundación Chile, Nicola Borregaard, tiene una perspectiva moderadamente optimista del futuro energético el país: “Yo no veo el escenario tan negro”, aseguró. La doctora en Economía de Recursos Naturales por la Universidad de Cambridge sostuvo que para llegar a 25.000 MW de capacidad de generación que requiere Chile en el 2020, necesitan centrales que aporten otros 8.000 MW al sistema en los próximos siete años, “y eso es factible”. Explicó que a pesar de los proyectos que han sido suspendidos por decisiones políticas, técnico-ambientales o judiciales, están en construcción centrales que aportarán unos 2.000 MW en los próximos años, aunque dos de ellas, la hidroeléctrica Alto Maipo y la termoeléctrica Campiche –con 500 MW en conjunto— podrían sufrir traspiés por el alto rechazo ciudadano. “Aun así, nos quedan en construcción plantas de 1.500 MW que no tienen problemas, y si logramos la meta de eficiencia energética que propone en el Gobierno para el 2020, ahí podríamos sumar otros 1.000 MW. Luego tenemos un aporte de 5.000 MW que nos pueden dar las energías renovables no convencionales. Ahí tendríamos 7.500 MW. Entonces como digo, el escenario no es tan negro”, afirmó Borregaard, quien considera fundamental avanzar hacia un diálogo social maduro entre los sectores social, público y privado.  Las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) -solar, eólica, biomasa y geotérmica— tienen mucho más aceptación social y el Gobierno chileno propuso como meta que el 20% de la matriz energética nacional deberá tener esas fuentes para el 2020, lo que aportaría, en efecto, unos 5.000 MW al sistema, las dos terceras partes de la capacidad que se debe adicionar. En enero pasado, el ministro chileno de Energía, Jorge Bunster, inauguró en la norteña Atacama la planta solar Tambo Real, que con 5.200 módulos fotovoltaicos generará 1,2 MW y es el primer proyecto de este tipo en inyectar energía al Sistema Interconectado Central (SIC). En las próximas semanas, el Gobierno chileno lanzará un concurso internacional que contará con unos USD400 millones para desarrollar la primera planta de Concentración Solar de Potencia de Latinoamérica. Autogeneración Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los precios de electricidad residencial en Chile ascienden a USD256,4 MW/hora, un costo que superan en un 60,8% el promedio de los países de ese foro. Esa situación se repite en el caso del costo marginal de energía para las empresas, que según la CNE promediará USD101,7 MW/hora a lo largo de este año.  Los altos costos y la incertidumbre económica que produce el retraso de los proyectos de generación eléctrica han terminado por impactar al sector minero, que aporta el 16% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile y que ha reprogramado planes de inversión. El consorcio canadiense Capstone Mining, por ejemplo, anunció en noviembre pasado la postergación indefinida del desarrollo de un yacimiento de cobre y hierro en el norte del país por los altos costos de energía, con lo cual quedó en suspenso una inversión por USD1.242 millones.  Al mismo tiempo, un gran número de empresas mineras apuesta por la autogeneración de electricidad para garantizar el abasto y reducir costos y optan no solo por las fuentes convencionales, sino por energía eólica, geotérmica y solar, con una cartera de inversiones en ese tipo de proyectos superior a USD10.000 millones.  Gigantes de la minería como la estatal Codelco y la privada Antofagasta Minerals obtienen energía de parques eólicos y solares y desarrollan nuevas plantas de ERNC. La multinacional BHP Billiton, por su parte, proyecta construir una central a gas natural de USd400 millones para autoabastecer la operación de sus yacimientos en el norte de Chile. El plan original era una termoeléctrica a carbón, pero decidió el cambio a gas, pues se trata de un combustible que suscita menos resistencia por parte de la sociedad, que lo considera menos contaminante. Matriz Una buena noticia para Chile en el tema energético es la aparición en el mercado del shale gas o gas de esquisto, que se localiza en formaciones rocosas sedimentarias y cuyo costo de extracción es más barato. Este combustible ha cambiado el panorama energético en EE UU, donde existen enormes yacimientos que han convertido a ese país en un gran exportador de ese recurso natural que resulta más económico que el carbón y, sobre todo, el petróleo, y es menos contaminante. El Gobierno de Chile desarrolla un programa para incentivar la construcción de termoeléctricas que operen conshale gas en vez de carbón, lo que tendría un doble efecto: un hidrocarburo de más bajo costo, de alta disponibilidad, y más aceptación de las comunidades a su uso por considerarlo menos dañino que el carbón para el medio ambiente. La matriz energética de Chile es predominantemente hídrica. En el 2012, el 41% de la electricidad de este país la generaron hidroeléctricas, una participación menor en 15 puntos porcentuales a la del 2005, debido a las sequías de los últimos años. Las termoeléctricas –a base de diésel, carbón y gas natural- producían en cambio el 39% de la electricidad en el 2005 y el año anterior ese porcentaje se elevó al 56%, mientras que el 3% correspondió a las ERNC.  El shale gas está llamado a jugar un papel cada vez más importante en la matriz energética de Chile. Hoy solo aporta el 18% de la electricidad, mientras que al carbón corresponde el 25%, pero este porcentaje tenderá a revertirse en el mediano plazo.